Esta ley tiene como referente la recuperación y conservación de las empresas como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, pretendiendo a través de un acuerdo con sus acreedores preservar las empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. Debido a la pandemia del COVID-19 el gobierno expidió los Decretos 560 y 772 de 2020, los cuales dan nuevas herramientas de reorganización al empresario y buscan agilizar el trámite de dichos procesos.
